La movilización, que inició en el emblemático Mercado Benito Juárez y avanzó hacia la zona de El Llano, se tornó en una confrontación política abierta. Los manifestantes advirtieron que no permitirán la imposición de normativas que, a su juicio, vulneran sus derechos históricos. Durante la marcha, los líderes del movimiento lanzaron una advertencia directa hacia las figuras centrales del poder político en el estado y la capital: “No le tenemos miedo a Ray Chagoya, Noé Jara ni al gobernador Salomón Jara”, sentenciaron.

El conflicto por las concesiones

El foco de la disputa es un nuevo marco normativo impulsado por el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Según los comerciantes, el reglamento abre la puerta a la discrecionalidad administrativa y pone en riesgo la seguridad jurídica de sus locales, permitiendo una mayor injerencia gubernamental en espacios que han sido administrados bajo sistemas tradicionales de gremios y uniones.

Postura oficial: “Orden sin autoritarismo”

Ante la presión social, la administración que encabeza el presidente municipal Raymundo Chagoya emitió un posicionamiento oficial. El Gobierno Municipal reafirmó su respeto irrestricto al derecho a la libre manifestación, apelando a su decálogo moral de “orden sin autoritarismo”.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento destacó que su administración se rige por la escucha activa y el diálogo institucional. “Ratificamos nuestra disposición permanente con comerciantes, locatarios y vecinos para atender inquietudes de forma responsable y constructiva”, señaló la autoridad municipal, subrayando que el objetivo del reglamento es la revitalización de los mercados y no el despojo de derechos.

Este enfrentamiento ocurre en un momento de alta sensibilidad política en Oaxaca, donde la relación entre el sector comercial tradicional y las autoridades municipales se ha visto tensada por recientes intentos de reordenamiento del comercio en vía pública y la fiscalización de espacios emblemáticos. Los mercaderes han dejado claro que la movilización de hoy es solo el inicio de una serie de acciones legales y sociales para frenar la normativa vigente.

La inconformidad se centra en la creación de nuevas figuras de vigilancia y en la modificación de las causales de revocación de concesiones, las cuales los comerciantes consideran “herramientas de hostigamiento”.

1. La figura del “Defensor de Mercados” (con fe pública)
   El reglamento introduce la figura del defensor o defensora de mercados. Lo que parece un nombre conciliador oculta, según los locatarios, una facultad peligrosa: este funcionario tiene “fe pública”. Esto significa que sus dictámenes sobre irregularidades tienen valor de prueba plena, permitiendo sancionar o iniciar procesos de revocación sin necesidad de peritajes externos o pruebas adicionales.
2. El Comisionado de Vigilancia Permanente
   Se faculta a “comisionados” para realizar recorridos constantes y exigir, de manera inmediata, documentación de pagos, actualizaciones y licencias. El incumplimiento de cualquier trámite menor (que a veces se retrasa por la propia burocracia municipal) puede activar la revocación automática de la concesión, eliminando el historial de décadas de las familias.
3. Prohibición de Locales Cerrados (Art. 15 y 52 revisados)
   El reglamento estipula que mantener un local cerrado por más de un tiempo determinado (o sin causa justificada bajo el criterio municipal) es motivo de revocación. Los comerciantes argumentan que esto no considera periodos de enfermedad, falta de inventario por crisis económica o remodelaciones, dándole al Ayuntamiento el poder de “recuperar” locales para reasignarlos discrecionalmente.
4. El Artículo 52: “Fraude al Ayuntamiento”
   Este artículo es uno de los más temidos. Clasifica el traspaso o la sucesión de casetas y puestos como “fraude”, ya que los considera propiedad municipal intransferible. Esto pone en riesgo la herencia de los puestos, una tradición que ha permitido que los mercados de Oaxaca sobrevivan por generaciones dentro de las mismas familias.

El actual estallido social no puede entenderse sin el contexto político reciente:

Mayo – Junio 2025: Se aprueba y publica el nuevo reglamento bajo la administración de Raymundo Chagoya. Inician las primeras manifestaciones y la colocación de mantas de rechazo en los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre.

Enero – Febrero 2026: Se realiza la consulta de revocación de mandato. Aunque el gobernador Salomón Jara permanece en el cargo, los resultados en la capital (Oaxaca de Juárez) muestran un rechazo mayoritario. Este “voto de castigo” en zonas urbanas ha envalentonado a los gremios comerciales, quienes ahora sienten que tienen el respaldo social para desconocer a la autoridad municipal.

18 de Febrero 2026: Marcha masiva hacia El Llano. La advertencia a Noé Jara (hermano del gobernador) no es fortuita; los comerciantes lo señalan como el operador político “detrás del trono” que busca el control de las uniones de mercados para fines electorales.

¿Qué está en juego?

Para el Ayuntamiento, se trata de “revitalizar” los mercados y eliminar el clientelismo de las viejas organizaciones. Para los mercaderes, es un intento de “despojo legalizado” para entregar los espacios más valiosos de la ciudad a nuevos grupos afines al proyecto político actual.

Pese a las acciones de vigilancia y patrullaje anunciadas en Xoxocotlán por el alto índice delictivo, hoy al amanecer en Arrazola, precisamente en la colonia Los Huertos fue hallado el cadáver de un sujeto desconocido semidesnudo y amarrado fuertemente de pues y manos además de un narcomensaje sobre advertencias de muerte a delincuentes dedicados al “cobro de piso”.

Casi enseguida se escucharon fuertes detonaciones de arma de fuego en el Periférico y la desviación a Santa Cruz Xoxocotlán.

Fue en el crucero de Periférico y la calle de Bustamante donde ocurrió un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia organizada y que se desplazaban en camionetas blindadas. Al acudir la policía sólo encontró las camionetas y uno de los presuntos responsables, identificado como René Balderas ex líder de la agrupación CATEM Joven.

La dependencia recordó que, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010, la observación en el litoral mexicano inició en diciembre de 2025 y se extenderá hasta marzo de este año, bajo estrictas medidas de protección para los cetáceos.

En el caso de Oaxaca, las áreas autorizadas comprenden el corredor Puerto Ángel–Mazunte, en los municipios de San Pedro Pochutla y Santa María Tonameca, donde la temporada concluye el 31 de marzo, así como Puerto Escondido y el Parque Nacional Huatulco —con puntos emblemáticos como Punta Sacrificio, La Entrega, Copalita, Tangolunda y Chahué—, donde la actividad se cerrará el 21 de marzo.

Sectur Oaxaca resaltó que el avistamiento responsable de ballenas ofrece a las y los turistas de la Costa la oportunidad de apreciar uno de los espectáculos naturales más icónicos del Pacífico mexicano, al tiempo que se fomenta un turismo sustentable y respetuoso de los ecosistemas marinos.

En el acto, realizado en Santa María Huatulco, se destacó que la renovación de la dirigencia del organismo refleja la organización, responsabilidad y compromiso del sector hotelero en uno de los destinos turísticos más relevantes de la Costa oaxaqueña.

También se reconoció la gestión de la presidenta saliente, Angélica Angón Cano, así como el trabajo desarrollado por la mesa directiva que concluyó su periodo, por su contribución al fortalecimiento de la actividad turística en la región.

Derivado de los reportes difundidos, corporaciones de seguridad en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), acudieron de manera inmediata al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Tras las labores de verificación y análisis, se confirmó que el objeto localizado no correspondía a una extremidad humana, sino que se trataba de una mano de utilería elaborada de goma, por lo que se descartó que se tratara de un hecho delictivo o de riesgo para la población de la zona.

La SSPC exhorta a la ciudadanía a no difundir información no verificada y a mantenerse informada a través de canales oficiales, para evitar la propagación de rumores que generen alarma innecesaria.

En un comunicado difundido en las plataformas digitales de la influencer, su hermano Michel Enríquez desmintió “de manera categórica” las versiones que en las últimas horas aseguraban falsamente su fallecimiento. La familia agradeció las muestras de apoyo, respeto y oraciones de seguidores y amigos, a quienes pidió atenerse únicamente a la información difundida por canales oficiales cercanos a Dulce.

Los familiares alertaron sobre la circulación masiva de noticias falsas, mensajes de odio y contenidos manipulados con herramientas de inteligencia artificial, entre ellos imágenes y textos alterados que intentan atribuirle a la joven hechos falsos o dañinos. Estas prácticas, subrayaron, vulneran derechos fundamentales como la dignidad, la integridad, la privacidad y la propia imagen de la creadora.

El comunicado que no precisa el motivo por el cual la joven se trasladaba en el vehículo accidentado, detalla que la familia ha recabado evidencia de publicaciones, perfiles, páginas y medios que difundieron contenido falso, ofensivo o de carácter discriminatorio, la cual será utilizada para iniciar las acciones legales correspondientes conforme al marco jurídico vigente. También cuestionaron la “doble moral” de quienes aprovecharon el accidente para difamar y revictimizar, al señalar que “desear el mal y difamar habla más de quien lo hace que de quien es señalado”.

Finalmente, los Enríquez hicieron un llamado a la reflexión y a la responsabilidad en el uso de redes sociales, y recordaron que, ante situaciones de accidente o enfermedad, la empatía, el respeto y la prudencia deben prevalecer sobre la desinformación y el odio en línea.

Greg Stanton

En una carta enviada este viernes al secretario de Estado, Marco Rubio, los legisladores, encabezados por Greg Stanton, Gregory Meeks y Joaquín Castro, subrayan que cualquier incursión de fuerzas estadounidenses en México sin consentimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum ni autorización del Congreso rompería la confianza bilateral y desmantelaría los mecanismos de colaboración que se han construido en materia de combate al crimen organizado y control de drogas.

El pronunciamiento llega después de que Trump, en una entrevista televisiva, afirmó que su administración se prepara para “atacar a los cárteles” por tierra y volvió a insinuar que Estados Unidos podría llevar a cabo operaciones militares dentro de México. Los congresistas rechazan de manera explícita esa postura y cuestionan las afirmaciones del presidente sobre su supuesta facultad legal para ordenar el uso de la fuerza sin el visto bueno del Capitolio, tanto en México como en escenarios como Venezuela.

En su mensaje, los firmantes recordaron que México es actualmente el principal socio comercial de Estados Unidos y un aliado clave en seguridad regional. Destacaron que, bajo el gobierno de Sheinbaum, se ha intensificado la cooperación bilateral, y advirtieron que un conflicto armado pondría en riesgo el intercambio comercial que sostiene millones de empleos en ambos lados de la frontera, así como miles de millones de dólares en inversión estadounidense en territorio mexicano.

Los legisladores también señalaron avances recientes en materia de seguridad conjunta, como extradiciones de presuntos líderes del narcotráfico, decomisos de fentanilo y reformas legales mexicanas dirigidas a frenar la producción y distribución de esa droga y sus precursores. Aunque reconocen que persisten desafíos en el Estado de derecho y en la lucha contra el crimen organizado, sostienen que la vía ha sido la cooperación, no las incursiones militares.

“En un momento en que necesitamos reforzar la confianza y trabajar codo a codo con nuestros aliados ante la competencia global, sería un grave error optar por acciones unilaterales que violen la soberanía de México, alteren el comercio o echen por tierra años de progreso compartido en seguridad”, concluye la carta.

El siniestro se registró en la carretera federal 175, a la altura de Ocotlán de Morelos, cuando la camioneta en la que viajaba volcó hacia un barranco. En la unidad también se encontraba el alcalde de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas, quien, de acuerdo con reportes oficiales, resultó con lesiones menores y se reporta estable.

Dulce Enríquez fue trasladada en estado crítico a un hospital de la ciudad de Oaxaca, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento a causa de traumatismos severos. La Fiscalía General del Estado realiza peritajes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

El caso ha despertado cuestionamientos por la falta de un posicionamiento oficial más amplio por parte del ayuntamiento y por la relación entre el funcionario y la joven de quien se ignora que trabajará en el Ayuntamiento costeño.

“Vamos a estrechar la comunicación”, afirmó la mandataria en una conferencia de prensa en la que evitó entrar en polémica con Trump y en la que consideró que las declaraciones del republicano, que provocan tensiones de manera constante, solo forman parte de “su manera de comunicar”.

También reveló que ya le pidió al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente que se comunique o se reúna con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para ratificar los acuerdos entre ambos países, en particular en materia de seguridad.

“No queremos pensar en otro escenario. Queremos seguir trabajando en este escenario para que la coordinación se estreche todavía mas en el marco de la defensa de la soberanía de ambos países y de la integridad territorial de México”, dijo al descartar la posibilidad de que Trump cumpla con sus intimidaciones.

Por otra parte, consideró que no existen elementos para que EE.UU. repita en México las agresiones que ya cometió en Venezuela y que comenzaron el año pasado con los ataques que mataron a más de un centenar de personas que viajaban en lanchas y que fueron acusadas, sin pruebas, de ser narcotraficantes.

En ese sentido, aseguró que ha funcionado el acuerdo que existe con la Guardia Costera y el Comando Norte de EE.UU. para que la Secretaría de Marina de México esté a cargo de la vigilancia en las aguas continentales de este país.

“Es un trabajo muy especializado. Tiene un centro de control que está en vigilancia permanente, las 24 horas. Hay contacto con Estados Unidos por si se acerca una lancha y pueda ser detenida sin la necesidad de una fuerza mayor”, señaló la presidenta al asegurar que, gracias a estos operativos, se han incautado 1,6 toneladas de cocaína en altamar.

Amenazas

“Vamos a empezar a atacar ahora mismo a los cárteles por tierra. Los cárteles controlan México. Es muy triste ver lo que ha sucedido en ese país, pero los cárteles controlan y están matando a entre 250.000 y 300.000 personas cada año”, afirmó el mandatario el jueves durante una entrevista en la que no presentó pruebas de sus acusaciones ni de las cifras desproporcionadas de supuestas víctimas.

En respuesta, Sheinbaum insistió en que, más allá de lo que dice Trump, la cooperación de ambos Gobiernos es sólida y, sobre todo, está basada en la defensa de la soberanía y el respeto a la integridad territorial.

“Hace dos o tres días Rubio habló de la buena coordinación que hay con México”, dijo al recordar que México ha brindado informes sobre sus avances en la lucha contra el narcotráfico, que incluyen incautaciones de drogas, detenciones y destrucción de laboratorios clandestinos.

Desde que asumió por segunda vez como presidente de EE.UU., en enero del año pasado, Trump le ha “ofrecido” a Sheinbaum el envío de militares a México para combatir a las organizaciones criminales, lo que la presidenta ha rechazado al advertir que nunca permitirá la injerencia de otro país en los asuntos domésticos.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, dichas llamadas provienen de números telefónicos con ladas foráneas, principalmente +984 y +56, en las cuales los delincuentes aseguran estar realizando un supuesto censo o la actualización de grupos de WhatsApp, con el objetivo de solicitar datos personales y números telefónicos. Esta información es completamente falsa y su única finalidad es cometer el delito de extorsión.

Ante esta situación, el C5i Oaxaca aclara de manera categórica que no realiza censos telefónicos, no actualiza grupos de WhatsApp por llamada y no se comunica desde números con ladas de otras entidades o del extranjero. Las únicas vías oficiales de comunicación telefónica de este organismo son los números institucionales 951 689 2270 y 951 501 5045, así como la Línea de Emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089.

Se exhorta a la ciudadanía a no proporcionar información personal, colgar de inmediato ante este tipo de llamadas y realizar la denuncia correspondiente para reportar el número telefónico, lo que permitirá dar seguimiento oportuno y prevenir nuevos intentos de extorsión